En el día de ayer, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión cautelar de varios gravámenes aprobados por el Govern de Catalunya, en tanto se resuelva el posible desajuste constitucional de los mismos. Acerca de esta cuestión, se pueden hacer los análisis políticos que se quieran (que nunca, en mi opinión, deberían obviar la prepotencia de unos y el victimismo de otros), pero, más allá de eso, me centraré en dos cuestiones: justicia y prioridades. Vayamos por partes: el euro por receta es un atropello a los ciudadanos, en especial a quienes pertenecen a las clases más bajas, y deberían pagarlo los sinvergüenzas que se lo sacaron de la manga. Su destino no debería ser otro que la supresión, con la devolución de todo lo cobrado hasta la suspensión cautelar adoptada ahora. En cambio, la tasa turística y el impuesto sobre los depósitos bancarios deberían ser prioridades absolutas para cualquier gobierno en las actuales circunstancias económicas. El ejecutivo español, más allá de preocuparse únicamente de si las autonomías invaden sus competencias, debería ejercerlas, e implantar ambos tributos en todo el territorio nacional. Aplicar el tipo impositivo cero a los depósitos bancarios, como se ha hecho, es simplemente nauseabundo, y si ésta es la idea de gobernar un país que tienen en Moncloa (en Sant Jaume no tienen ni idea, eso ya lo sabemos), pronto no va a quedar otra que echarlos o largarse.
